Desde el municipio de Pirque se valoró el ordenamiento y el respaldo técnico, mientras que la Junta de Vigilancia del río Maipo Primera Sección advirtió que su efectividad dependerá de una fiscalización real y de una mirada integral de cuenca.
La Sala de la Cámara de Diputados aprobó por 123 votos a favor y cuatro abstenciones el informe de la Comisión Mixta del proyecto de ley que regula la extracción de áridos, correspondiente a los boletines 15.096-09 y 15.676-09, quedando el texto en condiciones de ser remitido al Ejecutivo para su promulgación.
La nueva normativa busca ordenar y regular de manera integral la extracción de áridos, una actividad relevante para la construcción de viviendas, obras públicas e infraestructura productiva, que hasta ahora se encontraba sujeta a criterios distintos según cada municipio.
El proyecto establece reglas comunes en materias como certificación de origen, trazabilidad, fiscalización, planes de cierre y sanciones, además de definir zonas de prohibición de extracción cuando exista riesgo para los cauces.
Entre los principales cambios se encuentra el fortalecimiento de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del Ministerio de Obras Públicas, que asume un rol técnico central en la evaluación y habilitación de los proyectos de extracción en cauces naturales y sus zonas de regulación anexas. A ello se suma la creación de un procedimiento unificado a nivel nacional, que busca homogeneizar los permisos que otorgan las municipalidades.
En el caso de Pirque, comuna precordillerana atravesada por el río Maipo, la ley introduce nuevas exigencias para las extracciones que se realicen en el cauce o en su zona de regulación anexa, las que deberán contar con habilitación técnica de la DOH, autorización municipal y quedar registradas en un registro público nacional. Este mecanismo permitirá disponer de información sobre los proyectos autorizados, sus volúmenes y condiciones de operación.
La normativa distingue entre extracción mecanizada menor, definida como aquella que no supera los 30 mil metros cúbicos durante la vida útil del proyecto, y extracción mecanizada mayor, que excede dicho volumen. Esta diferenciación establece procedimientos y exigencias técnicas distintas según la magnitud de la intervención.
Desde el punto de vista territorial, la regulación apunta a reducir riesgos asociados a intervenciones en cauces, tales como erosión, socavaciones o alteraciones en la dinámica de ríos como el Maipo y el Clarillo, en un contexto marcado por eventos climáticos más extremos y una mayor presión sobre los sistemas hídricos.
La ley contempla además la creación de un registro público de extracción de áridos, administrado por la DOH, orientado a reforzar la trazabilidad del material. Junto con ello, se incorporan sanciones administrativas y penales para los casos de extracción ilegal reiterada, cuya aplicación considerará factores como la ubicación y el volumen extraído.
Durante el debate parlamentario, legisladores de distintos sectores coincidieron en la necesidad de regular esta actividad, planteando que el objetivo es compatibilizar el desarrollo de la infraestructura con la protección de los cauces y la seguridad de las comunidades ribereñas.
En ese contexto, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, valoró el despacho de la iniciativa y destacó que esta permite fortalecer la fiscalización y homogeneizar los procedimientos a nivel nacional.
“Se aprobó finalmente en el Congreso el proyecto de ley que regula una actividad tan importante como es la extracción de áridos, que se utiliza especialmente en la construcción de viviendas y en actividades productivas. Esta ley permite fortalecer a la Dirección de Obras Hidráulicas para ejercer una adecuada fiscalización, homogeneizar los procedimientos de los municipios y crear un registro único nacional de esta actividad”, señaló.
A nivel local, el alcalde de Pirque, Jaime Escudero, sostuvo que la nueva normativa entrega mayores herramientas técnicas para la gestión de cauces sensibles en comunas precordilleranas.
“Valoramos que esta ley venga a ordenar la extracción de áridos a nivel nacional, corrigiendo reglas distintas para un mismo cauce y una fiscalización históricamente débil. En comunas como Pirque, donde el río Maipo y los cauces precordilleranos son zonas sensibles, es relevante contar con un procedimiento único, evaluación técnica obligatoria de la DOH, control de volúmenes y trazabilidad”, indicó.
El texto aprobado corresponde al informe definitivo de la Comisión Mixta, que resolvió las diferencias surgidas durante la tramitación legislativa entre la Cámara de Diputados y el Senado. Tras su despacho por el Congreso Nacional, el proyecto deberá ser promulgado por el Ejecutivo y publicado en el Diario Oficial para entrar en vigencia.
Advertencia técnica desde la Junta de Vigilancia del río Maipo
Desde una mirada técnica, la Junta de Vigilancia del río Maipo Primera Sección (JVRM) planteó que, si bien la iniciativa representa un avance en materia regulatoria, su efectividad dependerá de la aplicación práctica de los mecanismos de control y fiscalización.
“Valoramos contar con un marco legal que incorpora trazabilidad, fiscalización, zonas de prohibición, planes de cierre y sanciones, lo que constituye un avance respecto del escenario previo. Sin embargo, persisten dudas sobre si estas herramientas serán suficientes para frenar la degradación del lecho del río Maipo”, señaló su juez de río y gerente, Ernesto Veres Jordá, de la JVRM
Desde la Junta de Vigilancia se explicó que, según la experiencia acumulada en el territorio, el río Maipo presenta una degradación cercana a los 35 centímetros por año, un estrechamiento progresivo del cauce y la pérdida de millones de metros cúbicos de material, como resultado de impactos acumulativos que no siempre han sido abordados de manera oportuna.
En ese contexto, Veres sostuvo que “la ley debió incorporar con mayor fuerza una mirada integral de cuenca, ya que las extracciones no pueden evaluarse de forma aislada cuando sus efectos se extienden aguas arriba”.
Asimismo, desde la organización se advirtió que la efectividad de la normativa dependerá de que exista una fiscalización real y sostenida en el tiempo, ya que sin un control permanente existe el riesgo de que el daño al cauce continúe pese al nuevo marco normativo.
Finalmente, el representante de la Junta de Vigilancia señaló que:
“preocupa que las juntas de vigilancia, que administran el recurso hídrico y conocen el comportamiento del río en terreno, sigan sin contar con un rol vinculante en decisiones que afectan directamente la seguridad del cauce y la disponibilidad de agua”.
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