Agricultores y la Asociación de Canalistas del Canal de Pirque alertaron por el robo de transformadores eléctricos utilizados en sistemas de riego agrícola. El alcalde Jaime Escudero advirtió que “no puede ser que haya procedimientos que no prosperen, sabiendo quiénes son los actores de los delitos”.
Uno de los últimos robos ocurrió hace aproximadamente una semana en un campo ubicado en Camino a La Rosa, en Pirque. El hecho, según relató Pablo Vial, agricultor y director de la Asociación de Canalistas del Canal de Pirque, se registró cerca de las 21:00 horas de un día domingo, cuando delincuentes ingresaron al predio y sustrajeron un transformador eléctrico.
“hace aproximadamente una semana sufrimos el robo de un transformador en nuestro campo. En la misma ocasión también le robaron el transformador a nuestro vecino, Claudio Martini, que tiene su huerto al lado del nuestro”, explicó.
Según detalló, los autores actuaron con herramientas especializadas y pleno conocimiento técnico. “Entraron a través del cerco eléctrico sin ningún problema. Venían con herramientas especializadas, subieron a unos cuatro o cinco metros de altura, botaron el transformador al suelo y lo desarmaron completamente. No son delincuentes comunes. Se roban las bobinas de cobre y dejan el resto del equipo botado”.
El agricultor enfatizó que este tipo de delito no es aislado. “Este tema del robo de transformadores no es algo exclusivo de Pirque. Está ocurriendo en todo Chile. El robo de transformadores está totalmente desatado”, afirmó.
En relación con la seguridad en la comuna, Vial fue categórico. “La seguridad hoy es un dolor de cabeza. Nosotros deberíamos estar preocupados de producir, mejorar, generar empleo. Pero estamos gastando tiempo y recursos en evitar que nos roben”.
Indicó que en el campo ubicado en Pirque destinan entre 25 y 30 millones de pesos anuales en seguros de maquinaria, equipos y productos. A ello se suma la planta que mantienen en Isla de Maipo, donde pagan cerca de 70 mil dólares anuales solo en primas de seguros. “Hoy la seguridad es parte de la estructura de costos. Si sumamos ambos predios, entre guardias y seguros, el gasto anual supera los 100 mil dólares, es decir, del orden de los 95 millones de pesos”, sostuvo.
Respecto al aumento de la delincuencia en los últimos años, señaló que el fenómeno se ha intensificado tras la pandemia. “Chile siempre fue un país relativamente seguro. Pero en los últimos dos o tres años esto ha crecido de forma exponencial. Mientras no haya cambios más profundos, el problema seguirá”.
En esa línea, también se refirió al trabajo policial y al rol del Ministerio Público.
“La Sección de Investigación Policial de Carabineros tiene muchos antecedentes, maneja información importante, pero muchas veces no se puede utilizar como corresponde. El problema es que si no hay una coordinación efectiva con la Fiscalía de Puente Alto y no se endurecen las penas, finalmente los delincuentes vuelven a salir. Mientras exista esa sensación de puerta giratoria, es muy difícil que esto cambie”, sostuvo.
Sobre los robos de nueces, explicó que han vuelto a incrementarse tras la recuperación del precio del producto. “Antes era una persona con un saco. Hoy llega una camioneta con ocho o diez personas, entran por el cerco eléctrico y salen con camiones llenos de nueces”, relató.
El dirigente también abordó la sensación de inseguridad que afecta la vida cotidiana. “Se siente mucha inseguridad y preocupación. Todo gira hoy en torno a la seguridad. Ha cambiado nuestra calidad de vida. Hoy evitamos salir de noche y usar los accesos de carreteras”, afirmó, agregando que el tema ya fue conversado con el alcalde de Pirque, Jaime Escudero, y que existe conciencia de que se trata de un problema país.
Desde la Asociación de Canalistas del Canal de Pirque señalaron que estos hechos impactan directamente la actividad agrícola. “Lo que hacen los regantes con el agua es agricultura. Si roban un transformador, se detiene el riego. El agua finalmente va a los campos, y todo lo que afecte al agricultor también nos preocupa”, indicó Vial.
Este tipo de delitos no solo ha golpeado a agricultores. El pasado 2 de febrero, en Camino El Toyo, en Pirque, se registró el robo de infraestructura eléctrica de CGE que dejó sin suministro a sectores de Pirque y San José de Maipo, afectando a cientos de vecinos.
Estos hechos reflejan un patrón delictual que impacta tanto la producción agrícola como los servicios básicos de la comuna.
Alcalde Jaime Escudero: “No puede ser que haya procedimientos que no prosperen”
En este contexto, el alcalde de Pirque, Jaime Escudero, también se refirió a la situación de seguridad que enfrenta la comuna.
“Estamos muy preocupados por el problema de seguridad en la comuna. Como municipalidad hemos invertido una cantidad importante de recursos: contamos con patrullajes con apoyo de Carabineros y de nuestros inspectores municipales las 24 horas del día, los siete días de la semana. Durante la noche recorren la comuna cuatro camionetas, dependiendo de los turnos, para cubrir un territorio que supera los 400 kilómetros cuadrados”, señaló.
El jefe comunal indicó que el municipio ha reforzado su rol preventivo, pero que las facultades legales son limitadas. “Nos gustaría poder hacer mucho más en materia preventiva. Sin embargo, por ley son las policías las llamadas a combatir la delincuencia y nosotros apoyamos en todo lo que está a nuestro alcance. Muchas veces Carabineros sabe quiénes son las personas involucradas en los delitos, pero es la Fiscalía la que debe autorizar los procedimientos, y en ocasiones esos procesos se demoran o no prosperan”, afirmó.
Escudero agregó que esta situación genera frustración en los territorios rurales. “No puede ser que haya procedimientos que no prosperen, sabiendo quiénes son los actores de los delitos; eso es impresentable”.
Asimismo, planteó que existe una mirada centralista hacia las comunas rurales. “Existe una mirada más bien economicista del Estado hacia las municipalidades rurales, donde pesa la rentabilidad social. No es lo mismo una comuna como Puente Alto, con más de 500 mil habitantes, que Pirque, donde somos menos de 30 mil. Históricamente hemos tenido que vivir bajo ese criterio y es injusto para quienes habitamos comunas rurales”.
El alcalde informó que recientemente sostuvo una reunión con la futura ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, a quien solicitó la creación de una fiscalía rural que considere las particularidades de las zonas agrícolas. También pidió que la nueva Ley de Seguridad Municipal contemple financiamiento efectivo para fortalecer el trabajo preventivo de los municipios.
“Pedimos que los carabineros designados para Pirque no sean trasladados a procedimientos fuera de la comuna. Resulta impresentable que se lleven a nuestros carabineros a cubrir conciertos en Santiago. Eso no debería pasar”, sostuvo.
Finalmente, expresó su expectativa de que exista una mirada más cercana hacia el mundo rural. “Tengo la esperanza de que esta ministra, quien fue fiscal en Puente Alto y conoce el territorio, pueda tener una mirada más cercana hacia el mundo rural y nos entregue mayor tranquilidad. Por nuestra parte, continuaremos reforzando nuestro rol preventivo y haciendo todo lo que está a nuestro alcance para combatir la delincuencia”.
Contexto nacional: cifras de la SNA
La situación local se enmarca en un escenario nacional. Según el segundo Barómetro de Robo Agrícola elaborado por la Sociedad Nacional de Agricultura, un 77,4 por ciento de los agricultores declara haber sido víctima de robo en los últimos 12 meses.
Del total de afectados, un 43 por ciento indicó haber sufrido tres o más robos en el mismo período, mientras que solo un 9,4 por ciento confía en que denunciar tendrá efectos positivos.
El estudio, realizado a 655 agricultores entre el 25 de diciembre y el 26 de enero, reveló que los principales montos robados corresponden a insumos agrícolas por 2.730 millones de pesos, instalaciones eléctricas por 2.519 millones, animales por 913 millones y maquinarias por 885 millones.
El informe estima que el impacto económico anual de los robos en el agro asciende a 530 millones de dólares, un aumento de 39 por ciento respecto de la primera medición.
Desde la SNA advierten que, en un sector con rentabilidad ajustada, este nivel de robos y violencia resulta insostenible. La agricultura emplea a un millón de personas y exporta 13.500 millones de dólares anuales, por lo que el gremio ha planteado la necesidad de discutir reformas legislativas que eleven las penas para los delitos en zonas rurales.
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