El informe analizó atenciones entre 2024 y 2025 y detectó 128 pacientes C1 (atención inmediata), además de 20.845 C2 (alto riesgo). Consultado por Portal Pirque, el subsecretario Julio Montt señaló que los registros serán revisados para determinar cuáles corresponden a demoras clínicas efectivas.
La Contraloría General de la República dio a conocer el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N.º 24, que analizó los tiempos para la primera atención médica en servicios de urgencia de hospitales de la Región Metropolitana entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de mayo de 2025.
Entre los establecimientos revisados se encuentra el Hospital Sótero del Río, principal centro de alta complejidad de la red asistencial a la que son derivados pacientes de Pirque, Puente Alto y San José de Maipo.
Según el informe, el Sótero del Río registró 83.009 pacientes cuya primera atención médica superó el estándar de oportunidad establecido para su categoría de priorización. El desglose corresponde a 128 pacientes C1, 20.845 C2, 45.907 C3 y 16.129 C4.
Las categorías utilizadas en los servicios de urgencia permiten establecer la prioridad de atención de acuerdo con la condición clínica de cada paciente. Los C1 corresponden a personas en riesgo vital y requieren atención inmediata; los C2 son pacientes de alto riesgo y deben recibir su primera atención médica en un máximo de 30 minutos; los C3 corresponden a pacientes complejos, pero sin riesgo vital, cuyo estándar es de hasta 90 minutos; mientras que los C4 son casos de menor complejidad y bajo riesgo, que deben ser atendidos antes de 180 minutos. Para los C5, considerados de baja complejidad, el informe no establece un estándar de oportunidad.
Uno de los antecedentes que concentra mayor atención son los 128 registros de pacientes C1, debido a que esta categoría corresponde a personas en riesgo vital y el estándar establece una atención inmediata. A ellos se suman 20.845 pacientes C2, considerados de alto riesgo y cuyo tiempo máximo definido es de 30 minutos.
A nivel de toda la Región Metropolitana, Contraloría reportó 634.587 pacientes cuya primera atención médica superó el estándar correspondiente a su categoría, equivalentes al 27,7% de los casos analizados.
El análisis incluyó establecimientos como los hospitales Barros Luco Trudeau, del Salvador, Félix Bulnes, El Pino, La Florida, El Carmen, San Juan de Dios, Padre Hurtado, de Melipilla, Clínico San Borja Arriarán, Santiago Oriente Luis Tisné, de Urgencia Asistencia Pública, Exequiel González Cortés y Luis Calvo Mackenna, además del Complejo Hospitalario San José, el Hospital de Niños Roberto del Río, el Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz y el Instituto Traumatológico Dr. Teodoro Gebauer Weisser.
Frente a los resultados, la Subsecretaría de Redes Asistenciales advirtió que los registros deben ser revisados antes de concluir que todos corresponden efectivamente a demoras clínicas.
En una declaración oficial, el organismo señaló que los datos consolidados “no deben interpretarse automáticamente como demoras clínicas confirmadas”, explicando que algunos registros podrían estar asociados, entre otras causas, a fichas clínicas que no fueron cerradas oportunamente. La propia Contraloría estableció que los antecedentes deben ser revisados y validados.
El subsecretario de Redes Asistenciales, Dr. Julio Montt, sostuvo que, aunque los registros corresponden a un periodo anterior, aquello no resta importancia a los antecedentes.
“Para nosotros eso no es una excusa. Es un desafío, un problema del cual debemos hacernos cargo y resolver”.
Montt explicó que uno de los primeros pasos será establecer qué registros representan efectivamente retrasos en la atención.
“Vamos a evaluar los datos porque no todos los registros necesariamente corresponden a una demora clínica efectiva”.
La Subsecretaría informó que los seis Servicios de Salud de la Región Metropolitana —Metropolitano Norte, Occidente, Central, Oriente, Sur y Sur Oriente— deberán revisar y validar los antecedentes correspondientes a sus hospitales. El comunicado oficial no los enumera individualmente, pero dispone que los Servicios de Salud y establecimientos de la Región Metropolitana revisen la información reportada.
En el caso del Sótero del Río, la revisión corresponde al Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, red que tiene relación directa con la atención de los habitantes de la Provincia Cordillera.
Una vez validados los datos, cada Servicio de Salud deberá presentar medidas destinadas a disminuir los tiempos de espera.
“Una vez verificados estos, se deberán presentar sus planes de mejora con metas claras para reducir los tiempos de espera”, señaló Montt.
El comunicado establece un plazo de 30 días para informar medidas con metas verificables para cada categoría de priorización. Paralelamente, el Ministerio de Salud anunció que reforzará la trazabilidad de los registros clínicos en las unidades de emergencia, de manera que los tiempos consignados reflejen con precisión el momento efectivo de la atención médica.
El subsecretario puso especial énfasis en los pacientes de mayor gravedad.
“Nuestro foco es que quien llegue a una urgencia, especialmente en riesgo vital, reciba la atención oportuna y segura”.
Contraloría, por su parte, instruyó a los establecimientos hospitalarios y sus respectivos Servicios de Salud a mejorar la gestión y asignación de los recursos disponibles en las unidades de emergencia, considerando la demanda de atención, la categorización clínica, los estándares establecidos y la disponibilidad de personal asistencial.
Además, cada Servicio de Salud deberá verificar los tiempos registrados y, en aquellos casos de mayor gravedad donde se confirme una demora, instruir un procedimiento disciplinario.
El informe precisa que el análisis fue elaborado sobre la base de los registros informáticos entregados por los propios Servicios de Salud. Del total de personas atendidas en las unidades de urgencia informadas, 25.730 no fueron categorizadas al momento de su admisión y 138.296 no contaban con antecedentes suficientes para verificar su tiempo de espera, por lo que esos casos quedaron fuera del análisis.
De esta manera, la revisión anunciada por el Ministerio deberá establecer cuántos de los registros informados por Contraloría corresponden efectivamente a demoras clínicas, así como las medidas que deberán adoptar los establecimientos para disminuir los tiempos de atención, especialmente en pacientes clasificados en las categorías de mayor riesgo.
