Desde este miércoles llamadas spam deberán identificarse con prefijos 600 y 809 para combatir estafas

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La medida, fiscalizada por la Subtel, busca que la ciudadanía pueda reconocer fácilmente los llamados masivos y prevenir fraudes telefónicos.

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A partir de este miércoles 13 de agosto, todas las compañías telefónicas en Chile estarán obligadas a utilizar prefijos especiales para identificar llamadas publicitarias y masivas. De acuerdo con la nueva normativa, los números que comiencen con 600 corresponderán a llamados solicitados o autorizados por el usuario, mientras que los que inicien con 809 serán llamados no solicitados, catalogados como spam.

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La medida, anunciada por las subsecretarías de Telecomunicaciones y de Prevención del Delito, forma parte de la agenda para fortalecer la seguridad digital y responde a una creciente preocupación por el aumento de llamadas no deseadas y estafas telefónicas.

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“Esto lo que permite es que las personas sepan que están recibiendo una llamada legítima y, puesto en contrario, si llaman de un +569 o un número extranjero para venderle un plan, se trata de una estafa. Así de simple, todas las llamadas de aquellas instituciones con las cuales usted tenga algún tipo de relación deben venir con un 600 o un 809”, explicó el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya.

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Según un estudio de la empresa Hiya, Chile es el país que recibe más llamadas spam en Latinoamérica, con un promedio de 28 intentos al mes por usuario. Junto a Brasil, encabeza el ranking de intentos de estafas telefónicas en la región.

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La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, recalcó que el objetivo es “asegurar que estas llamadas son lícitas y que están ofreciendo o promocionando un servicio. Por otro lado, si están llamando de una empresa con la cual yo tengo un contrato, es indispensable que toda otra llamada que venga con otro número la podamos rechazar inmediatamente si no está vinculada a estos prefijos”.

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La Subtel será el organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de esta medida. Las empresas que no respeten la normativa arriesgan multas que van desde 5 a 5.000 UTM, equivalentes a más de $343 millones.

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