La moción de reforma constitucional presentada por el Diputado René Alinco, pretende que estas autoridades políticas puedan ser fiscalizadas por la Cámara de Diputadas y Diputados.
El Diputado René Alinco presentó en la Cámara Baja, un proyecto de reforma constitucional para incorporar a los gobernadores regionales y alcaldes como autoridades susceptibles de acusación constitucional.
De acuerdo al diputado Alinco, en la actualidad se ha abierto un flanco que ha permitido la corrupción en diferentes Regiones de nuestro país “en relación con los convenios que muchos de estos Gobiernos Regionales y municipalidades han hecho con múltiples fundaciones, en la actualidad se han realizado más de 190 denuncias por actos irregulares entre Gobiernos Regionales, municipalidades y fundaciones. Convenios millonarios que recién ahora nos estamos enterando que no se cumplían o se gastaban los recursos públicos en otras cosas diferentes al objeto del convenio”.
Asimismo, de acuerdo al diputado esta reforma constitucional plantea mantener como causales las que son procedentes para acusar a un Presidente de la República, esto es, haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación y también haber infringido abiertamente la Constitución o las leyes (letra a del Artículo 52 N° 2 de la Constitución Política de la República).
Agregando a esta que “de los gobernadores regionales, y de los Alcaldes por las causales antes enunciadas, por comprometer gravemente el patrimonio regional o comunal o infringir las normas sobre administración financiera y presupuestaria regional o comunal y por infringir gravemente normas sobre probidad administrativas”.
En esa línea, el diputado explicó que “buscamos así resguardar los dineros y recursos regionales y comunales, estableciendo una equidad al momento de hacer convenios entre estos y las organizaciones sin fines de lucro”.
Por otro lado, aclaró que se mantendrán los mismos requisitos del presidente, agregando a los gobernadores, alcaldes que estén en funciones y en los seis meses siguientes a su expiración en el cargo. Durante la fiscalización no podrán ausentarse del país.
