La propuesta, permitirá la colaboración con los municipios y otros órganos de la administración del Estado en los procesos de fiscalización de la DGA.
La Sala de la Cámara despachó al Senado el proyecto de Ley que permite optimizar los procesos de fiscalización de la Dirección General de Agua (DGA).
La iniciativa otorga nuevas herramientas legales a la dirección, que modernizan y fortalecen los procedimientos para resguardar el recurso hídrico. El objetivo de la medida es disminuir los tiempos de tramitación e incorporar elementos disuasivos más eficaces.
De acuerdo a la Cámara de Diputados los objetivos de la propuesta es perfeccionar los mecanismos de notificación para los procedimientos administrativos del Código de Aguas. En este sentido se considera incluir la experiencia de los funcionarios de la DGA en la fiscalización del uso del agua. Y, además, adecuarlos al proceso de digitalización del Estado.
La norma también considera definir y regular la atribución de “vigilancia” de la dirección en el Código. La finalidad es hacer más eficiente el incentivo a la corrección temprana de infracciones.
Por otro lado, el proyecto fortalece atribuciones relativas al cumplimiento de medidas ordenadas por la DGA. Esto, por medio de la colaboración con las municipalidades u otros órganos de la administración del Estado.
Dentro de las disposiciones aprobadas se encuentra la posibilidad de establecer procedimientos simplificados de fiscalización. Ello operará cuando se verifiquen determinadas circunstancias. Por ejemplo, que se realicen en zonas de escasez hídrica o de prohibición. De igual modo, cuando no requieran de fiscalización en terreno.
En términos generales, los parlamentarios valoraron el respaldo transversal que tuvo la iniciativa en el debate en la Comisión de Recursos Hídricos. En particular, frente a la crisis climática y la sequía que afecta a diferentes zonas del país. A juicio de algunos parlamentarios, el proyecto permite complementar las normas establecidas en el Código de Aguas. Además, señalaron que avanza en la dirección de establecer las sanciones, sin importar quiénes comentan las infracciones.
Sin embargo, quienes intervinieron en el debate también alertaron de otros temas que es necesario que sean analizados por el Gobierno. Por un lado, evaluar las multas que se deben pagar por infringir las normativas. Esto porque, muchas veces, parece más conveniente pagarlas antes que enmendar la infracción cometida.
Pero, igualmente, relevaron la necesidad de avanzar aún más en la protección del recurso hídrico para el consumo humano y agrícola. Así, también, de construir mayores obras para el almacenamiento de agua y de mejorar el control de los embalses existentes.
Junto a lo anterior, se planteó que se permita que los recursos percibidos por el cobro de multas por robo de agua se queden en las regiones. Se apuntó, en especial, en las más afectadas por la sequía. Asimismo, se relevó la necesidad de aumentar la inversión en agua potable rural.
